JUAN AURELIO ARÉVALO
Pese al manejo prudente de la economía y los esfuerzos por mejorar la inclusión social, en estos tres meses de gobierno Ollanta Humala mantuvo mensajes ambiguos, remeció instituciones tutelares y defendió a toda costa a sus allegados.
Saludó el rol fiscalizador de la prensa, pero puso en duda que los medios dejaran expresarse libremente al pueblo. Aplaudió la inversión extranjera, pero planteó un Estado que enfrente las multinacionales. Tanto en las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional como en la cancillería inició una purga que zamaqueó al personal de mayor trayectoria. No hizo caso a las denuncias sobre nombramientos cuestionables (Adrián Villafuerte, Ricardo Soberón, Eduardo Roy Gates, entre otros). Solo cambió a Luis Pereyra del Indeci y lo hizo por un impedimento legal.
Nadie toca a su gente de confianza y nadie le marca la agenda. Pero esta regla parece no aplicarse en el caso de Omar Chehade, pues el mandatario ha respaldado públicamente la investigación que se le sigue por un presunto tráfico de influencias en el Ministerio Público y en el Congreso. Si bien Humala logró sobreponerse a los nombramientos cuestionables, protegiéndolos implícitamente, no ha logrado superar el escándalo de su segundo vicepresidente porque debilita la propia credibilidad de su mensaje anticorrupción, que fue el lema central de su campaña electoral.
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