Lima,Perú.
Jorge Zavaleta Alegre Periodista y licenciado en Ciencias Sociales
En América Latina es necesaria la revisión del papel del Estado en el campo del desarrollo agropecuario. Se trata de romper mitos y encontrar el equilibrio entre la producción de alimentos, la conservación del medioambiente, reduciendo, al mismo tiempo, la pobreza rural. Los procesos de reforma agraria iniciados en la década de 1960 por los gobiernos de Belaunde y Velasco respondieron a una antigua demanda de diversos grupos ante el hecho de la desigual distribución de la propiedad de la tierra.
Una minoría poseía la mayor parte de áreas cultivables: el 76% de estas correspondía a solo el 0.5% de las unidades agrícolas.
Las nuevas empresas agroexportadoras ahora replantean los límites de la propiedad hasta un máximo de cuarenta mil hectáreas, en tanto las pequeñas cooperativas y campesinos parceleros no encuentran aún el suficiente respaldo técnico ni financiero.
Convertir a los terratenientes en industriales fue una de las expectativas de las décadas de 1960 y 1970, por lo que se estableció que la mitad de los bonos agrarios fuera pagada en efectivo, si el exterrateniente decidía invertir en la industria un monto similar.
Pocos se acogieron. El caso más notable fue el de la familia Romero que formó una poderosa empresa textil y años más tarde se hizo propietaria del Banco de Crédito del Perú, en ese entonces en manos de capitales italianos.
El total de beneficiarios alcanzó a 400 mil familias, número importante, pero se trataba de una cuarta parte de la población rural. El problema era muy simple: no había más tierra a repartir.
Se afirma que la producción agrícola descendió bruscamente después de la expropiación de las tierras. Otoniel Velasco, hijo de gamonales del Cusco, egresado de las universidades de La Plata y Harvard, uno de los fundadores de la Planificación en el Perú, en reciente publicación revisa las cifras del Banco Central de Reserva y rompe un mito:
"Entre 1969 y 1975 la producción del agro fue superior a la del período 1963–1968 y si bien sufre una caída en el quinquenio 1976–1980 esta es más atribuible a problemas climáticos, como se comprueba en el quinquenio 1986–1990, y no al proceso de reforma agraria. En todo caso, en el largo plazo el agro se ha beneficiado significativamente con la reforma agraria al haber tomado un rumbo más dinámico a partir de 1991."
Se ha producido la transferencia de la propiedad de la tierra, políticamente la etapa más difícil. Hasta hoy hay un elevado porcentaje de los predios agrarios sin títulos saneados, la infraestructura básica es precaria, la asistencia técnica sumamente limitada y el crédito limitado solo al agro moderno.
Cientos de miles de beneficiarios de la reforma agraria y sus descendientes están constituyendo una nueva y vigorosa clase media, cuya presencia es cada vez más notoria. Falta que este desarrollo se articule a una reforma del Estado, que implica acabar con los rezagos del patrimonialismo, ensanchar las islas de modernidad, superar el centralismo, hacer realidad la reforma tributaria, reforma gerencial y una lucha frontal contra la corrupción, señala un estudio sobre el Perú del siglo XXI.
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